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El Pais de Futuro
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Nuestro principio ético-políticoAfirmamos que el Ecuador es un Estado Social y Democrático de Derecho en el que todos y todas deben gozar de iguales de oportunidades y son portadores de idénticos derechos y obligaciones en lo civil, político, económico, social y cultural. Formamos parte de la República de Ecuador ciudadanos y ciudadanas libres, solidarios, sujetos de derechos. Ratificamos el principio constitucional de que el más alto deber del Estado ecuatoriano es respetar y hacer respetar los derechos humanos de cada ecuatoriano y ecuatoriana y de todos los habitantes del Ecuador. Entendemos el bien común como la promoción de la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos y todas. Mantenemos la necesidad de medidas de acción positiva para lograr la equidad y la reversión de toda manifestación de discrimen y desigualdad regional, étnico-cultural y de género.
Enfoque de la arquitectura institucional
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LA COALICIÓN
En el caso de la Constitución ecuatoriana vigente, la relación entre las dos partes o estructuras del diseño constitucional presenta una aguda desconexión e incluso contraste o contradicción; mientras la parte dogmática recoge de manera sistemática los avances en materia de derechos fundamentales y los desarrolla como derechos de segunda y tercera generación, mientras introduce la figura de los derechos colectivos y sanciona los mecanismos de su protección y garantía, lo que define un modelo progresivo, amplio e incluyente de democratización, la parte orgánica, reduce esta amplitud a un concepto restringido de participación, por el cual esta solamente es aceptable o posible en cuanto reconozca el carácter de ‘monopolio de representación’ que poseen los partidos políticos. Estos asumen en la Constitución y en sus leyes conexas (la ley de elecciones y la ley de partidos políticos), una función de eje articulador del poder decisional, por lo tanto de monopolio que canaliza la participación social en el proceso decisional solamente a través de la lógica partidaria. Frente a una economía y a una sociedad que plantean exigencias de apertura y de participación cada vez más amplias, el modelo político detiene y bloquea sistemáticamente estas posibilidades, lo que conduce a recurrentes crisis de gobernabilidad y de legitimidad del ordenamiento democrático. La disfuncionalidad existente entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución requiere de transformaciones radicales en el modelo político que atañen al conjunto de las estructuras del sistema político.
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Es necesario advertir que no se trata de una reforma que afecte a aspectos puntuales o aislados del ordenamiento político sino que esta debe ser pensada de manera integral; el proceso de construcción decisional es uno solo, regula los mecanismos de acceso a la formación decisional, los de construcción de la política pública y los de control acerca de su implementación y consecución.
En resumen, todos los cambios estructurales tienen que estar fundamentados en tres sólidas bases arquitectónicas: la primera es la participación ciudadana como expresión de corresponsabilidad, la segunda es la rendición de cuentas como muestra permanente de transparencia, honestidad, legitimidad, legalidad, eficiencia y eficacia; la tercera y de igual importancia, es el rediseño integral del proceso decisional de las funciones que tienen el mandato ciudadano de administrar, legislar, juzgar y controlar |
RUMIÑAHUI PRESENTE
Unimos esfuerzos en común, tenemos una sola consigna: hacer historia, edificar una gran obra, engrandecer a nuestro pueblo.
Enfoque de modelo políticoEl tratamiento constitucional de la reforma del sistema político plantea una revisión progresiva de la parte dogmática de la Constitución pero sobre todo una intervención profunda de modificación de la parte orgánica de la misma. Con respecto a esta segunda parte, se propone cinco ejes de reforma que atañen a la distribución territorial del poder y transformación del carácter centralista del Estado; los procesos de acceso al proceso decisional (sistema electoral y de partidos políticos), formación y construcción decisional (poderes Ejecutivo y legislativo), control político (Órganos de Control Constitucional) y la organización del sistema económico.
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